Tutela de adulto por salud mental

El propósito de las tutelas de adulto por salud mental es proporcionar el tratamiento individualizado, supervisión y arreglos de vivienda para las personas que padecen enfermedades mentales graves sin dejar de proteger sus derechos individuales. Las tutelas de adulto por salud mental, que a veces se llaman Lanterman-Petris-Short (LPS, por sus siglas en inglés) porque se rigen por la Ley Lanterman-Petris-Short, pueden involucrar el confinamiento en un centro psiquiátrico cerrado, lo que significa que la persona está privada de su libertad personal. Por lo tanto, hay procedimientos legales y leyes estrictos que tienen que seguir los médicos y los hospitales, y que involucran revisión y vigilancia por parte de la corte testamentaria.

Inicio de una tutela de adulto por salud mental

Los familiares u otras partes privadas no pueden iniciar una tutela de adulto por salud mental. Solo el personal de tratamiento profesional del hospital en el que la persona está siendo tratada puede iniciar el proceso. El primer paso es solicitar una investigación a la oficina del Tutor Público de Adultos, que es una división del Departamento de Envejecimiento y Servicios para Adultos de San Francisco. Si la investigación del Tutor Público de Adultos coincide con el personal profesional del centro psiquiátrico, el Tutor Público de Adultos solicitará formalmente a la corte testamentaria que establezca una tutela temporal de adulto por salud mental y, con el tiempo, una tutela de adulto general. La solicitud formal se llama petición. La persona afectada legalmente se llama pupilo propuesto y tiene que recibir un aviso por escrito de la tutela temporal de adulto al menos cinco días antes de que tenga lugar. La corte testamentaria también designa un abogado, generalmente la oficina del Defensor Público, para que represente a la persona.

Una tutela temporal de adulto no puede durar más de 30 días. Al final de los 30 días, el juez de la corte testamentaria considera la petición de tutela de adulto general.

Tutela temporal de adulto

Durante el periodo de 30 días de tutela temporal de adulto, el Tutor Público de Adultos tiene que preparar un informe exhaustivo por escrito para la corte. Este informe tiene que contener todos los aspectos relevantes sobre el estado médico, psicológico, financiero, familiar, profesional y social del pupilo propuesto, así como la información obtenida de miembros de la familia, amigos cercanos, trabajador social o terapeuta de salud mental principal de la persona. El Tutor Público de Adultos también tiene que investigar todas las posibles alternativas a la tutela de adulto. Si la investigación para tutela da como resultado una recomendación de tutela del adulto, el Tutor Público de Adultos también hace recomendaciones sobre qué poderes específicos se deben negar a la persona. La recomendación más importante es si la persona puede mantener o no el derecho a dar o negar su consentimiento a tratamiento psiquiátrico, incluida la medicación. Se tiene que entregar una copia del informe del investigador a la persona recomendada para tutela de adulto.

Audiencia sobre petición de tutela de adulto general

En la audiencia sobre la petición de tutela general de adulto, los abogados de la oficina del Fiscal de Distrito presentan las pruebas que apoyan la petición. Si la persona se opone a la petición, tendrá que testificar un psiquiatra o psicólogo. La persona está representada por un abogado, y puede testificar o llamar a testificar a otras personas. Sobre la base del testimonio, junto con el informe del investigador de tutela de adulto, el juez concederá o denegará la petición, o pospondrá el proceso a una fecha posterior. Las audiencias y todos los registros psiquiátricos relacionados con el proceso son confidenciales.

Si se concede la petición de tutela general de adulto, el juez designará un tutor de adulto y determinará qué derechos legales se le retirarán a la persona, si es que se le retira alguno. El juez de la corte testamentaria puede ordenar al tutor que coloque al pupilo en un entorno específico para garantizar que la colocación fuera del hogar sea la menos restrictiva posible. En San Francisco, los poderes otorgados al tutor de adulto por salud mental son solo para la persona, no para bienes como cuentas bancarias o propiedades. Se puede designar a un tutor testamentario de adulto para que maneje los bienes. Una tutela de adulto por salud mental expira al final de un año, pero se puede renovar año tras año si el equipo médico tratante hace una solicitud formal a la corte testamentaria para continuar con la tutela de adulto y el juez determina que es necesario. El pupilo también tiene derecho a una audiencia probatoria completa y a representación legal sobre la petición de renovación.

Después del establecimiento de una tutela de adulto general

Durante el periodo de la tutela general de adulto, el pupilo puede hacer una petición a la corte en cualquier momento para tener una audiencia para recusar la tutela de adulto, sobre la base de que ya no cumple los criterios legales para la tutela de adulto. El pupilo también puede hacer una petición a la corte de una audiencia para disputar cualquier derecho denegado o poder otorgado bajo la tutela de adulto. La corte mantiene una supervisión continua sobre la tutela de adulto y con frecuencia toma decisiones sobre si el pupilo está recibiendo el tratamiento adecuado de formas que restrinjan lo menos posible la libertad personal del pupilo. La corte también toma decisiones sobre si el pupilo es capaz de dar o denegar su consentimiento a diversas formas de tratamiento médico y psiquiátrico.

Otros procesos psiquiátricos en la corte testamentaria

Además de las tutelas de adulto por salud mental, la corte testamentaria maneja una serie de otros procesos psiquiátricos, incluyendo mandatos de habeas corpus para personas que están internadas civilmente en un hospital pero no bajo tutela de adulto. Otros procesos, que pueden presentarse al juez de la corte testamentaria para que tome una decisión, incluyen las peticiones para administrar tratamiento médico a personas sin tutor de adulto y las peticiones para el internamiento de personas con discapacidades del desarrollo en hospitales estatales. La ley dispone que se proporcione un abogado a la persona sujeta al proceso.